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DETENCIÓN A YAKU PÉREZ

En el marco de varios procesos de criminalización a defensores de derechos, Yaku Pérez Guartambel sufrió una detención arbitraria en 2009. Posteriormente, el 4 de mayo de 2010, durante la movilización no violenta realizada en oposición al proyecto oficial de Ley de Aguas, la misma que es reprimida por la policía, se inicia el procesamiento judicial contra Yaku Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi. Al momento de la detención de los tres líderes en Tarqui, en el parte policial se anota la supuesta causa: “sedición, alteración del orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y obstaculización de servicios públicos”.

El mismo día, el Juez II de Garantías Penales, acogiendo la acusación de la fiscalía dicta orden de prisión preventiva por el delito de sabotaje y terrorismo a los servicios públicos tipificado en el artículo 158 del Código Penal. El 7 de mayo, ante una acción de amparo de libertad solicitada por los procesados, el presidente de la Corte Provincial del Azuay, revoca la prisión preventiva. Veinte días después el mismo Juez II de lo Penal, en respuesta a un nuevo pedido de prisión preventiva por el fiscal, dicta medidas alternativas: abstenerse de concurrir al lugar de la protesta, prohibición de salir del país y obligación de presentarse en la fiscalía cada 8 días.

El 28 de junio el mencionado juez penal llama a juicio y otra vez dicta orden de prisión preventiva. El 1 de julio el juez concede fianza carcelaria a solicitud de los procesados, aduciendo que “el delito que inicialmente se acusó por terrorismo y sabotaje, se cambió por lo tanto se admite la caución”. El 24 de agosto, el primer tribunal de garantías penales del Azuay, pese a fuertes presiones políticas, confirma la inocencia de los tres líderes.

El 27 de agosto la Fiscalía XI de lo penal del Azuay interpone recurso de casación ante la Corte Nacional, la misma que en vez de desechar el recurso por mal interpuesto corrige al fiscal que no debe casar la sentencia sin antes haber agotado otros recursos y sugiere apelar ante la Corte Provincial; efectivamente el fiscal apela la sentencia ante la sala segunda de lo penal de Cuenca, que acepta el recurso de apelación y revoca el fallo del Tribunal Penal condenando a un año de prisión a los acusados y agrega que por ser una lucha altruista en defensa del agua, rebaja la pena a 8 días.

El 14 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Nacional con voto de mayoría de los doctores Merino e Iñiguez, desecha la casación y condena a prisión a los líderes indígenas, defensores del agua y la pachamama; mientras que el juez Blum con voto de minoría declara la nulidad del proceso por interponer mal la fiscalía el recurso de casación en vez de apelación. El 15 de enero de 2013 son notificados con la sentencia condenatoria y se apresta a la ejecución de la sentencia.

Este hecho sienta un grave precedente judicial para el movimiento social ecuatoriano pues conculca el derecho a la resistencia y a la protesta social pacífica, más todavía si se aprueba el proyecto de código penal propuesto por el ejecutivo, el cual acumula y endurece penas en la mayoría con sanciones de prisión, con acciones represivas contra el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana.

CEDHU

Aquí un video de RTS

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